El juez del caso Negreira cree que el Real Madrid pudo ser "perjudicado" y aprecia corrupción

En un nuevo auto desvelado por El Confidencial, el instructor del caso Negreira, el juez Joaquín Aguirre, sostiene que los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por valor de más de ocho millones de euros entre 2001 y 2018, provocaron, presuntamente, una "corrupción sistémica" en el estamento arbitral. Además, el magistrado señala que el Real Madrid y "cualquier otro equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años objeto de investigación" puede considerarse perjudicado por la supuesta trama.

Con estos argumentos, el juez desestima los recursos del conjunto culé y del expresidente Josep María Bartomeu contra la admisión del club madrileño como acusación particular en el procedimiento. Asimismo, mediante dicho auto, se reordenan las diligencias con la apertura de una pieza separada que se centrará exclusivamente en los pagos de la entidad azulgrana a Negreira y a su hijo, José María Enríquez Romero, y se acepta el requerimiento de documentación a la RFEF, excluida ya del procedimiento, y a la Federación Catalana de Fútbol; así como al propio Barcelona.

EL BARCELONA QUISO SACAR BENEFICIO: EL REAL MADRID, PERJUDICADO

En cuanto al perjuicio causado al resto de equipos, "se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a siete millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara", razona el juez. "En tal panorama de posible corrupción sistémica en el seno del CTA", Joaquín Aguirre concluye que el Real Madrid y cualquier otro equipo que haya competido en algún momento con el Barça deben ser "admitidos como ofendidos por el delito, a fin de que el potencial perjudicado pueda personarse en la causa y participar en la instrucción".

Finalmente, el magistrado rechaza que Negreira desempeñara una función "simplemente representativa", tal y como sostuvo públicamente el actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, y subraya que el propio investigado reconoció a la Agencia Tributaria que se reunía en Madrid cada 15 días para "revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido y puntuarlos".

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